America, Argentina
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    UN PRESUPUESTO QUE SÓLO PUEDE IMPONERSE CON REPRESIÓN

    "Les aseguro que lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron(Mateo 25,40)

    El gobierno nacional se vanagloria de la efectividad de la represión de “agitadores” ejercida ayer la zona del Congreso Nacional. Pero es evidente que la agitación que hemos vivido ayer en las calles porteñas, en el contexto de la discusión parlamentaria del presupuesto 2019, no comenzó en las filas de las organizaciones sociales que reclamaban pacíficamente que el Congreso mirara al pueblo.

    El verdadero origen de la violencia desatada ayer es la imposición de un presupuesto dictado por el FMI, que finalmente dice a nuestro pueblo lo que hasta ahora intentaron ocultarle: “no gobernamos para ustedes”. La desproporción de la represión ordenada por el gobierno y ejercida por la policía es una mezcla de amenaza y advertencia: están dispuestos a todo para intentar llevar adelante la política del déficit cero.
     
    Pareciera que el gobierno quería que sucediera lo que sucedió en las calles para justificar la instalación de un estado policial, necesario para poder sostener un presupuesto que condena a una enorme cantidad de la población al hambre y a la falta de salud y de educación. ¿Estarían queriendo infundir miedo para prevenir la posibilidad de un estallido social?:

    −    Los cascotes fueron distribuidos estratégicamente en las calles durante la noche y madrugada anteriores al inicio del tratamiento de la ley de presupuesto.
    −    Hubo provocadores infiltrados que hicieron entrar a una minoría violenta en el juego perverso de dar excusa a la racionalidad represiva.
    Por eso, y porque nos obliga el mandato evangélico de ver en nuestros “hermanos más pequeños” la presencia del mismo Jesús, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a esta represión y a las políticas que sólo pueden sostenerse sobre ella.

    Grupo de Curas en Opción por los Pobres    
    25 de octubre de 2018
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    ANTE EL GRAVE ATAQUE A UN CAMPESINO SANTIAGUEÑOLa imagen puede contener: comida

    En el día de ayer, 12 de octubre, personal policial y de la justicia santiagueña y el empresario cordobés Néstor Quesada se presentaron en el paraje Suncho Pampa, en el Dpto. Pellegrini de la provincia de Santiago del Estero, con una orden de desalojo emitida por la jueza Dra. María Cecilia Paskevicius del Juzgado Civil de Tercera Nominación, conocida por sus reiterados fallos en contra de los campesinos santiagueños. En este acto debían ser desalojados el poseedor del terreno, Héctor Reyes Corvalán, integrante de la Mesa Parroquial de Tierra de Nueva Esperanza, y su familia.

    El desalojo se sucedió con inusitada violencia. El personal policial disparó balas de goma, mató a los perros de la familia, hizo desaparecer 200 cabezas de ganado, amenazó de muerte a Héctor Reyes e incendió su casa, dejándolo con graves heridas y quemaduras. Todo para beneficiar al señor Néstor Quesada, quien desde 2012 pretende apropiarse de esas tierras y quien, personalmente y por medio de personeros suyos, habría amenazado reiteradamente a los poseedores de la tierra.

    Repudiamos estos hechos gravísimos, enmarcados en una larga historia de hechos similares y en políticas provinciales y nacionales de larga data, que pretenden favorecer a los agronegocios en desmedro de la subsistencia e, incluso, la misma existencia de los pequeños productores agropecuarios. Exigimos la inmediata detención del personal policial y judicial interviniente y del sr. Quesada, y la destitución de la jueza Paskevicius.

    Oramos por el pronto y total restablecimiento de la salud de Héctor Reyes Corvalán.

    Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
    13 de octubre de 2018

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Categoría padre: ROOT Categoría: Cartas y Firmas

No al ajuste neoliberal y la represión a los trabajadores

Desde nuestra primera carta al Pueblo de Dios (26 de febrero de 2016) fuimos críticos de la represión como política de gobierno de las nuevas autoridades. Señalamos, también, reiteradamente que “este modelo no cierra sin represión”, y una y otra vez nos vemos exigidos a señalarlo.

 Hoy repudiamos la represión en la fábrica PepsiCo, como ayer lo fueron otras comenzando por Cresta Roja y sabemos que mañana habrá nuevos hechos detestables. Las mentiras que son también política de gobierno han acompañado todas las instancias, con un Ministerio de Trabajo presidido por Jorge Triaca, en franca alianza con “el Capital”, con una ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que entiende que sus absurdos y anti-humanos protocolos constituyen un beneficio para la población y con una Gobernadora de la Pcia de Bs As, María Eugenia Vidal,  que goza de su blindaje mediático mostrando en los hechos la más feroz cara de la intolerancia y la injusticia.

 •  Lamentamos los dichos del fiscal Gastón Larramendi justificando el accionar policial, aunque en estos momentos pareciera que nada se puede esperar del poder judicial en favor de los trabajadores y los pobres.

•  Lamentamos la prensa oficialista y militante que disfraza, una vez más, la realidad con palabras o fotos direccionadas a la mala lectura.

•  Lamentamos el silencio cómplice del sindicalismo amable o encubridor de las políticas neoliberales.

•  Lamentamos que en algunos sectores de la sociedad estas actitudes de represión sean aplaudidas, sabiendo que en realidad forman parte de la campaña oficialista para “cercar” a su núcleo duro.

•  Lamentamos las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Pcia de Bs As, Cristian Ritondo, diciendo que “la violencia” provino de los trabajadores. Parece que para el gobierno actual los ciudadanos deben soportar quedarse sin trabajo, ver a sus familias sin cobertura ni seguridad (porque la salud, la educación, la tranquilidad del hogar también es seguridad), deben soportan cabizbajos la humillación, o ver cómo la apertura indiscriminada de las importaciones se adueña de las góndolas donde ayer los productos eran nacionales. Además, deben tolerar el gas pimienta, los lacrimógenos, las balas de goma, los hidrantes, los golpes sin ningún tipo de respuesta. Desde hace ya muchos años los cristianos sabemos que la violencia primera no es la de la reacción sino la violencia institucionalizada e injusta de los poderosos.

 Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz. Vemos que América Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada cuando, por defecto de las estructuras de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida cultural y política, "poblaciones enteras faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política" (Enc. Populorum Progressio, Nº. 30), violándose así derechos fundamentales. Tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que nazca en América Latina "la tentación de la violencia". No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos. (Medellín, Paz 16)

 Curas en la Opción por los Pobres
13 de julio de 2017

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